Debajo de la alfombra

Todas las sociedades esconden algo de sí mismas. Todas tienen algo impronunciable, una parte maldita. Todas tienen una alfombra para cubrir las inmundicias que ella mismas producen. Las zonas oscuras están allí como parte de la vida social. La democracia, en el sentido amplio y digno de esta palabra, como derechos y deberes de las mayorías y minorías, implica precisamente la voluntad de ampliar las zonas iluminadas. Existe una correlación directa entre democracia y disminución de los espacios en tinieblas. El claroscuro está políticamente condicionado.

Como las personas, las sociedades no pueden convivir mucho tiempo, sin costes, con la represión de sus zonas de oscuridad. Lo reprimido, terrible e incómodo, siempre emerge por algún lado, generalmente bajo la forma de explosión incontrolada. En Chile, país particularmente noticioso en el último año, la alternancia de los claroscuros ha sido muy significativa. Un terremoto, un rescate in extremis de treinta y tres mineros y, recientemente, la horrible muerte de ochenta y un reclusos en la saturada prisión de San Miguel.

Los capitalismos periféricos emergentes como el chileno asientan sus aparentes luminosidades sobre dos grandes deudas, que constituyen sus zonas oscuras: la ecológica y la social. La primera, derivada de la imposición del crecimiento económico a toda costa sobre la naturaleza, conducirá previsiblemente a un  desastre medioambiental en las próximas décadas. La segunda, la deuda social, se expresa en las enormes desigualdades de ingreso y de bienestar entre la población chilena indudablemente, pero también, dentro de la misma lógica de exclusión de clases, en la existencia de una de las poblaciones penales, en proporción a su población total, más altas del mundo. Dicho claramente: el luminoso modelo chileno se asienta sobre la oscuridad de las cárceles en las que ha confinado a una parte importante de sus habitantes a partir de la clásica estrategia de criminalización de la pobreza.

Este modelo de acumulación tiene su correspondiente modelo judicial, basado en simplonas teorías económicas liberales y de corte individualista, que ha ampliado los criterios constitutivos de delitos y las penas asociadas a ellos. La práctica de la "mano dura", tan vieja y rancia como la ideología que la sustenta, insiste ahora aumentar el número de cárceles. Pero el problema no son las cárceles pequeñas sino el exceso de reclusos. El problema no radica en optimizar su gestión, privatizándolas por ejemplo, sino en modificar las condiciones de posibilidad de la producción de reclusos: es decir causas económicas, sociales, culturales y judiciales. Nada nuevo: ideología progresista básica, ética y sentido común.. Pero ¡qué difícil es ser mínimamente razonable en los tiempos que corren!